La histórica decisión del máximo tribunal de la ONU que permite que los países se demanden entre sí por el cambio climático

Sin embargo, el juez de la Corte Internacional de Justicia de La Haya (Países Bajos) afirmó este miércoles que puede resultar difícil determinar quién es responsable de qué parte del cambio climático. La sentencia no es vinculante, pero los expertos afirman que podría tener consecuencias de gran alcance. Se trata de una victoria para los países más vulnerables al cambio climático, que acudieron al tribunal frustrados por la falta de avances a nivel mundial en la lucha contra este problema. "Un hito jurídico" El inédito caso ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) fue una idea que concibió en 2019 un grupo de jóvenes estudiantes de Derecho de las islas del Pacífico, que enfrentan de primera mano los efectos del cambio climático. Uno de esos estudiantes, Siosiua Veikune, de Tonga, estuvo en La Haya para escuchar la decisión. "No tengo palabras. Es muy emocionante. Nos invaden un montón de emociones. Es una victoria que llevamos con orgullo a nuestras comunidades", dijo a BBC News. "Esta noche dormiré más tranquila. La CIJ reconoció lo que hemos vivido: nuestro sufrimiento, nuestra resiliencia y nuestro derecho a un futuro", señaló Flora Vano, de la isla de Vanuatu, considerada el país más vulnerable del mundo a los eventos climáticos extremos. "Esta es una victoria no solo para nosotros, sino para todas las comunidades afectadas que luchan por ser escuchadas". La CIJ es considerada el tribunal más alto del mundo y tiene jurisdicción global. Varios abogados le dijeron a BBC News que el fallo podría usarse desde la próxima semana, incluso en tribunales nacionales. Activistas y abogados esperan que esta decisión allane el camino para que los países que históricamente han quemado más combustibles fósiles y, por lo tanto, son los que más responsabilidad tienen por el calentamiento global, paguen una indemnización. Muchos de los países más pobres habían respaldado el caso ante la frustración que les genera que las naciones desarrolladas no estén cumpliendo sus promesas de abordar el creciente problema. Pero los países desarrollados argumentaron que los acuerdos climáticos existentes, incluido el emblemático acuerdo de París de 2015, son suficientes y no se deben imponer más obligaciones legales.